The protection of youth and children as a limit to the right to information

La protección de la juventud y la infancia como límite al derecho de información

A proteção de jovens e crianças como limite ao direito à informação

PhD Ana Lucas Tobajas
Facultad de Derecho, Universidad de Extremadura, atobajas@unex.es
DOI: 10.22400/cij.4.e019
RESUMEN

La Sociedad de la Información en la que nos encontramos inmersos ha supuesto una ampliación sin precedentes de los contornos del derecho fundamental de Información recogido en el artículo 20 de nuestra Constitución. Junto a este reconocimiento se incluyó en el texto constitucional un conjunto de límites relacionados con la exigencia de trasmitir una información veraz, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen o a la protección de la juventud y la infancia. En relación con este último, el legislador ha pretendido advertir sobre la especial vulnerabilidad de un grupo de sujetos en el ejercicio efectivo del derecho fundamental antes aludido. Sin embargo, la redacción e interpretación del precepto pone de manifiesto una indeterminación tanto respecto de los sujetos en beneficio de los cuales ha de aplicarse dicha restricción, como en lo que se refiere al objeto mismo de protección.

PALABRAS CLAVE
Juventud, derecho de información, protección de la juventud, infancia, interés superior del menor
ABSTRACT

The Information Society in which we are immersed has meant an unprecedented extension of the contours of the Fundamental Right to Information contained in Article 20 of the Spanish Constitution. Along with this recognition, a set of limits related to the requirement of transmitting truthful information, the right to honour, to privacy, to one’s own image or to the protection of children and youth were included in the constitutional text. In relation to the latest, the legislator has sought to warn about the special vulnerability of a group of subjects in the effective exercise of the Fundamental Right referred above. However, the wording and interpretation of this precept reveals an indeterminacy both with respect to the subjects whose benefit the restriction is to be applied for and with regard to the object of protection itself.

KEYWORDS
Youth, right to information, protection of youth, childhood, best interest of the child
RESUMO

A Sociedade da Informação em que nos encontramos imersos significou uma extensão sem precedentes dos contornos do Direito Fundamental de Informação constante do Artigo 20 da nossa Constituição. Além desse reconhecimento, foram incluídos no texto constitucional um conjunto de limites relacionados à exigência de transmissão de informações verdadeiras, o direito à honra, à privacidade, à própria imagem ou à proteção de jovens e crianças. Em relação a este último, o legislador procurou alertar sobre a vulnerabilidade especial de um grupo de sujeitos no exercício efetivo do Direito Fundamental referido acima. No entanto, a redação e a interpretação do preceito revelam uma indeterminação tanto em relação aos sujeitos em benefício dos quais a restrição deve ser aplicada quanto no objeto da proteção propriamente dita.

PALAVRAS CHAVE
Juventude, direito de informação, proteção da juventude, infância, maior interesse da criança
Recibido / Received / Recebido  21/11/2017,  Aceptado / Accepted / Aceito  18/12/2017,  Publicado / Available / Publicação  31/01/2018 
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SUMARIO*

► Introducción ► ¿Quién es el sujeto que debe protegerse en el ejercicio del derecho fundamental de información? ► Delimitación del contenido del derecho de información en relación a la infancia y la juventud ► Especial referencia al interés superior del menor como límite expreso al derecho fundamental de información ► Bibliografía

1      INTRODUCCIÓN

El artículo 20 de la Constitución Española se incardina dentro del Capítulo II del Título I titulado “Derechos y deberes fundamentales”. En el mismo “se reconocen y protegen los derechos:

  1. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  3. A la libertad de cátedra.
  4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

(…)

  1. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Así, se reconoce en nuestro país el derecho a la información, cuyo tratamiento osciló entre su consideración jurídica de derecho y la de libertad[1] para, finalmente, optar por su declaración de derecho fundamental, poniendo así de manifiesto su enorme relevancia en la construcción de un Estado democrático. Se trata de un precepto cuya redacción es extensa, heterogénea, por cuanto comprende una amalgama de derechos-libertades[2], como son la creación literaria, artística, científica, técnica y la libertad de recibir y transmitir ideas. En este sentido, podemos afirmar que nos hallamos ante una manifestación de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad, a lo que contribuye no sólo el derecho a la información sino también las libertades reconocidas en el artículo 16 de la Constitución relativas al ámbito ideológico, religioso y de culto, tanto de los individuos como de las comunidades.

Junto a este reconocimiento general, el artículo 20 prevé en su apartado 4 un límite al ejercicio efectivo de estas libertades referido “al respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Con ello, puede afirmarse que el derecho a la información y sus manifestaciones no tienen carácter absoluto, sino que, como toda libertad jurídicamente constituida y reconocida, ha de ponerse en relación con el resto de libertades y, en caso de conflicto, aplicar los principios de proporcionalidad entre el bien protegido y el bien perturbado (Fernández-Miranda y Campoamor, A. y Parada, J.R., 1984: 525).

En el caso que analizamos, independientemente de su apreciación como límite o excepción, se pone de manifiesto la posibilidad de que tales derechos entren en colisión con otros que pueden ostentar bien la consideración de derechos fundamentales o bien la de principios rectores, expresamente reconocidos en diversos preceptos constitucionales ante los que el derecho a la información debe ceder de forma inmediata con la finalidad de proteger los intereses de un grupo especial de sujetos, la infancia y la juventud, en este caso.

Reconocer que los niños y jóvenes forman parte de un grupo especial que merece una protección efectiva, dadas las condiciones personales en las que se encuentran, resulta una cuestión obvia. El proceso evolutivo hacia la madurez psicológica y el desarrollo de su personalidad en el que se hallan inmersos justifican, sobradamente, la preocupación creciente del legislador en atención a su protección. Esto se ha puesto de manifiesto en nuestra Constitución tanto en el artículo 10.1 cuando reconoce que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, como en el 39.4  en el que se afirma que “Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Ambos preceptos, unido a lo dispuesto en el 20.4, constituyen un iter constitucional cuya finalidad principal es ofrecer una protección adecuada a aquellos sujetos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Aunque esta afirmación no genera ningún tipo de conflicto, lo cierto es que, al concretar los límites del ejercicio del derecho de información, se plantean cuestiones fundamentales que han de ser resueltas como, por ejemplo, las relacionadas con la delimitación del sujeto de protección o la fijación del objeto de la misma ya que, en definitiva, todo ello supone acotar de forma excepcional el contenido de un derecho fundamental cuyos efectos excederán a los menores a los que dicha protección va dirigida

2      ¿QUIÉN ES EL SUJETO QUE DEBE PROTEGERSE EN EL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE INFORMACIÓN?

De forma tradicional, la protección de los jóvenes se ha planteado desde el orden moral, de hecho, aunque hoy día se ha evolucionado en este sentido su protección no pasa de ser reconocida como principio rector, en definitiva, como una aspiración jurídica de la actuación general de los poderes públicos.

Esta cuestión se ha reflejado en diversos preceptos de la Constitución como el que analizamos en este caso. Sin embargo, cuando el artículo 20.4 se refiere a la “protección de la juventud y la infancia” resulta complejo determinar, al menos desde el punto de vista jurídico, quién o quiénes deben ser los sujetos que han de protegerse, a lo que debe añadirse las dificultades para delimitar cuándo se deja de ser niño para adquirir la condición de joven o hasta qué edad se ostenta dicha consideración. Esta incertidumbre jurídica se puso de manifiesto en los trabajos preparatorios del artículo 48 de la Constitución Española, en el que se atribuye a los poderes públicos la función de promoción de las condiciones para la participación efectiva de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, pues no faltaron intervenciones que se preguntaban dónde estaba la juventud e invocaban la inexistencia de un espacio constitucional concreto (Ruiz Rico, J.J., 1984: 355). Para algunos autores la alusión a este grupo de sujetos en el texto constitucional no responde más que a la necesidad de dejar constancia de las inquietudes de los movimientos juveniles nacidos durante los años 60 y 70[3], sin más vinculación que la de guiar e inspirar la actuación de los poderes públicos.

Por tanto, la primera dificultad que se plantea es la indefinición constitucional y legislativa del concepto de juventud, que conduce al reconocimiento de derechos y prerrogativas en favor de un destinatario que no existe o, al menos, no resulta fácilmente identificable desde un punto de vista jurídico, lo que nos lleva a confirmar la ausencia de un marco jurídico propio que sirva de garantía para el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.

Aunque el artículo 20.4 de la Constitución realiza una diferenciación entre juventud e infancia, debemos advertir que el único concepto legal existente es el de menor. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico pretende dotar al sujeto menor de edad de una protección adecuada para su correcto desarrollo, sin afrontar diferenciación alguna entre la infancia y la juventud.

Así, si acudimos a los textos internacionales, verdadera fuente normativa de la que han bebido los distintos ordenamientos nacionales, como la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, comprobamos que extiende la consideración jurídica de niño “a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la Ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”[4].

Por su parte, nuestro ordenamiento nacional, tanto en la propia Constitución en su artículo 18, como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reconoce en exclusiva dos situaciones jurídicas: la mayoría y minoría de edad como criterio delimitador de derechos y obligaciones. De esta forma, nuestra legislación, salvo algunas excepciones admitidas en el ámbito del derecho civil, administrativo o eclesiástico, no contempla situaciones intermedias que pudieran suponer una adquisición gradual de la capacidad de obrar, diferenciando así entre niños y adolescentes, lo cual resultaría extraordinariamente útil en todo lo relacionado con el acceso y transmisión de la información.

Este tratamiento unitario que contempla la legislación añade una dificultad más, pues se muestra incapaz de ofrecer soluciones jurídicas en atención al grado de madurez intelectual y psicológico ante el que se encuentre el menor, que demandará un nivel de protección adecuado a dicha circunstancia. Es decir, los límites del derecho de la información no serán los mismos cuando el menor tenga seis, doce o diecisiete años, más aún, si siguiendo el criterio de algunos autores lo ampliásemos a sujetos que ya han superado la mayoría de edad.

Una vez expuesto lo anterior, resulta evidente que todos los menores de 18 años serán sujetos de protección en lo relativo al derecho de información, sin embargo, la referencia expresa a la juventud nos obliga a acudir de nuevo a la normativa internacional con la finalidad de concretar el tipo de sujetos que han de incluirse en esta categoría. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes[5], en su artículo 1 atribuye dicha condición a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los quince y los veinticuatro años de edad. Por su parte, Arias Aparicio, tras analizar las distintas legislaciones autonómicas en relación a las actuaciones administrativas y políticas de juventud, ha concluido que, de forma general, deben considerarse jóvenes a todos aquellos cuyas edades estén comprendidas entre los catorce y treinta años (Arias Aparicio, F., 2016: 3). Entendemos, pues, que la normativa internacional no sirve más que de fuente inspiradora a la regulación nacional, al no existir unanimidad en el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico ofrece a este tipo de sujetos, careciendo, así, de una ordenación legal que haga efectiva la protección dispuesta en la Constitución Española.

 Esta cuestión adquiere especial trascendencia, puesto que, en cumplimiento del mandato constitucional, podría extenderse la protección del derecho fundamental más allá de la mayoría de edad. Sin embargo, la LO 1/1996, antes mencionada, limita su ámbito de aplicación a los menores de 18 años “salvo que en virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad”. Es decir, se coarta el ejercicio de un derecho fundamental en favor de los menores que se hallan en pleno proceso de formación y maduración, excluyendo aquellos que, habiendo alcanzado la mayoría de edad, aún no han concluido su desarrollo evolutivo. Para evitar la desprotección que podrían padecer este tipo de sujetos se prevé la intervención de jueces y tribunales, que serán los encargados de realizar un juicio de valor respecto de las circunstancias que concurran en el caso concreto.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que existe una evidente indeterminación del sujeto de protección en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el derecho a la información. Aunque este constituye un argumento solvente para afrontar una modificación de las normas que, en la actualidad, limitan el citado derecho, podríamos añadir la necesidad de avanzar en la elaboración del status jurídico de menores y jóvenes, cuya regulación afecta, de forma transversal, a multitud de sectores en los que se ven directamente implicados los poderes públicos en cuanto responsables directos de su bienestar.

3      DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Una vez expuestas las cuestiones fundamentales en relación al sujeto de protección, resulta necesario fijar los contornos de la misma, con la finalidad de delimitar el ámbito concreto en el que dicha protección va a llevarse a efecto.

En este sentido, podemos afirmar que el mencionado artículo 20.4 no concreta qué se protege realmente, sino que soluciona la cuestión mediante una remisión a las “leyes que lo desarrollen”, lo que constituye otra indeterminación más. En nuestro ordenamiento no existe ninguna Ley que, de forma específica, desarrolle esta cuestión por lo que debemos acudir a una pluralidad de normas que, en todo caso, deberán respetar el contenido esencial de los derechos constitucionalmente reconocidos, para resolver esta cuestión. Junto al precepto citado también podemos aludir al 10.2 de la Constitución en el que también se incluyen una serie de límites implícitos, cuando afirma que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Todo ello determina que la fijación del contorno debe ser la adecuada porque, al mismo tiempo que un defecto de protección puede generar daños en la formación del sujeto, también podrían provocarlos un exceso de la misma, debido a que el acceso y recepción de información, en sus justos términos, resultan imprescindibles para su correcto desarrollo, además de repercutir de forma directa en el derecho de otros sujetos. Como ha afirmado el Tribunal Constitucional “el artículo 20 de la Constitución garantiza el mantenimiento de una comunicación libre, sin la cual quedarían vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas (….)”[6]. Por este motivo, los límites de los derechos fundamentales deben ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos, “de forma que su contenido no resulte desnaturalizado ni incorrectamente relativizado”[7].

Respecto del contenido del derecho a la información se ha destacado una doble vertiente, activa y pasiva, relativa tanto a la capacidad de recibir información como a la posibilidad de transmitirla[8]. Por lo que se refiere a los límites del contenido del derecho de información, también podemos replicar esta clasificación, en el primer caso, la activa, estaría referida a los límites que han de ser aplicados en la transmisión o comunicación de información, por su parte, la pasiva, aludiría a las restricciones a recibirla. En ambos casos, el objeto de protección es el mismo y se encuentra descrito en el artículo 10 de la Constitución Española cuando dispone que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, como puede comprobarse la función de los poderes públicos resulta determinante. En base a ello, consideramos que el objeto de protección es el siguiente:

  1. Respecto de la faceta activa debe destacarse el derecho a la libertad de expresión en el que se incluye la libertad del menor de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. Junto a este reconocimiento general se recogen algunas restricciones como son: las que la ley prevea y resulten necesarias, el respeto de los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, orden público, así como la protección de la salud o la moral pública[9].  Por su parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce de forma general el derecho de “todas las personas” a acceder a la información pública, aunque ni la citada Ley ni la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal afrontan una protección específica respecto de los datos referidos a menores de edad. Tan sólo prevé realizar una ponderación de intereses ante la solicitud de información referida a menores de edad siempre que no afecte a datos especialmente protegidos[10].
  2. Por lo que se refiere a la faceta pasiva deben destacarse las siguientes limitaciones:
  1. La recepción de una información adecuada a su desarrollo. Esto supone que la información debe ser veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales. Al mismo tiempo exige que la producción de materiales informativos y otros específicamente dirigidos a menores respeten los criterios citados con anterioridad. Por tanto, se ha de facilitar el acceso pero no a toda la información, sino sólo a aquélla que resulte adecuada a su desarrollo.

Los poderes públicos desempeñan un papel fundamental, ya que han de ejercer una función de control y supervisión sobre la información que se va a poner a disposición de los menores. Asimismo, también deberán fomentar las funciones de autorregulación reconocidas a favor de los medios de comunicación con la finalidad de incentivar la elaboración y supervisión del cumplimiento de los códigos de conducta establecidos legalmente, dado que la Constitución Española prohíbe en el artículo 20.2 que la restricción del derecho de información se lleve a efecto mediante la censura previa.

  1. El control de la publicidad emitida por los medios de comunicación. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, califica en su artículo 3 como publicidad ilícita la que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4. Además califica de ilícita la publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas, ni inducir a error sobre las características de los productos o sobre su seguridad, capacidad y aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.
  2. La mejora en la tutela efectiva de los derechos del menor, tras la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, respecto de los contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores y, en particular, el control sobre aquellos programas que incluyan escenas de pornografía, maltrato, violencia de género o violencia gratuita.

Deben añadirse aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, frente a los que existirá un horario restringido de emisión expresamente fijado en la Ley citada, además de existir el horario de protección reforzada dirigido especialmente para los menores de 13 años.

De forma general, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen limita la difusión de datos e imágenes referidos a menores cuando sea contrario a su interés y se trate de divulgar datos relativos a los menores causando un perjuicio a su intimidad, así como la prohibición relativa a la difusión, venta y exhibición de material pornográfico relacionado con menores. En estos casos, se exige realizar una ponderación del denominado interés superior del menor, cuestión que será objeto de análisis con mayor detenimiento en el siguiente epígrafe.

4      EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO LÍMITE EXPRESO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE INFORMACIÓN

Como ya hemos mencionado, la actuación de los poderes públicos va a resultar decisiva en la fijación de los límites del derecho de información respecto de la protección de la infancia y la juventud. Si tradicionalmente esta intervención se justificaba en razones de moralidad y de orden público, actualmente, se fundamenta en la persecución de un desarrollo adecuado de la personalidad del menor en función de su estado psicológico y su grado evolutivo. En el caso que analizamos, se produce una confrontación de derechos en la que los poderes públicos deberán realizar una ponderación adecuada de los intereses en conflicto, en este caso, especialmente sensibles pues se trata del derecho fundamental a la Información por un lado, y los derechos de menores por otro. Ambos factores cuentan con suficiente relevancia para reconocer que la resolución del conflicto no resultará sencilla[11].

Dada la complejidad de la cuestión, la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, en su artículo 3.1[12], recogió el denominado “interés superior del menor”, en cuanto principio rector de la actuación de los poderes públicos. Este es el motivo por el que dicho principio se contempla en las distintas legislaciones tanto de ámbito internacional, como nacional o autonómico. Su invocación resulta más que ajustada dada la especial vulnerabilidad de los sujetos objeto de protección, a pesar de las dificultades que plantea. No nos hallamos ante un concepto unívoco, lo que provoca que su utilización presente los inconvenientes típicos de un concepto jurídico indeterminado cuya aplicación efectiva dependerá de dos factores fundamentales: Por un lado, las convicciones sociales e ideológicas imperantes en el momento y, por otro, las circunstancias personales del menor, el desarrollo psicológico o la madurez emocional que pueda apreciarse en cada caso.

Además ha de ponerse de manifiesto su carácter transversal que lo hace depender de diversos factores como el desarrollo social o la aplicación de políticas tanto a nivel estatal, como autonómico o local. En este sentido, la Ley Orgánica 1/1996, en su Exposición de Motivos incorpora algunos elementos que pueden interferir en su delimitación como son: el desarrollo del menor, la consideración de sus deseos, sentimientos, análisis de su entorno familiar para determinar el grado de madurez, así como, la protección de su propia identidad. Se configura como una auténtica unidad de medida que ha de considerarse en todas las decisiones que afecten al menor tanto en el ámbito público como en el privado, con el fin de garantizar “la integridad física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad humana”[13].

Todo lo anterior determina que el interés superior del menor no ha de ser interpretado de forma estática, todo lo contrario, deberá entenderse en un sentido dinámico, flexible en atención a las circunstancias del caso concreto (Ravetllat Ballesté, I., 2012: 92), convirtiéndose en el principal fundamento de las limitaciones del derecho fundamental de información.

Desde un punto de vista jurídico podemos señalar que el interés superior del menor engloba un concepto triple:

  1. Un derecho sustantivo, a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y sopese en cualquier decisión que le afecte. Se trata de una obligación intrínseca para los Estados lo que supone su consideración de derecho efectivo, de aplicación directa y, por tanto, invocable ante los tribunales.
  2. Un principio jurídico interpretativo de carácter fundamental que, como tal, ha de inspirar la interpretación de todos los derechos que le afectan, favoreciendo aquella que resulte más beneficiosa para el menor.
  3. Una norma de procedimiento, la evaluación y determinación del interés del menor exige la adopción de garantías procesales. Por ello, cualquier decisión deberá ir acompañada del correspondiente análisis en el que se hayan ponderado sus intereses, así como la justificación de las decisiones adoptadas[14].

Por lo que se refiere a la aplicación efectiva de este principio en relación con los límites del derecho a la información, la Ley Orgánica 1/1996 realiza un esfuerzo de concreción fijando los criterios que señalamos a continuación:

  1. “La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales” (….)
  2. La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior
  3. “La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida a discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”[15].

Aunque la aplicación de estos criterios deberá realizarse dependiendo de la edad y madurez del menor, así como de su preparación a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el legítimo interés del menor impone un límite infranqueable al derecho fundamental de información en cualquiera de sus versiones[16], puesto que ni la veracidad de la información, ni siquiera el interés público que puede amparar la difusión de la información en sus distintas formas, podrá justificar la transmisión de la misma desde el momento que, una vez realizado el análisis del interés del menor en conflicto, este último interés del menor podría ser vulnerado[17]. Por tanto, a pesar de su consideración jurídica abstracta, va a presidir la interpretación de cualquier derecho que incida de forma directa o indirecta sobre los intereses del menor, demostrando así su aplicación efectiva e inmediata.

5      BIBLIOGRAFÍA

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Ravetllat Ballesté, I. (2012). El interés superior del niño: concepto y delimitación del término. Educatio Siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación, 30 (2): 92.

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[1] Efectivamente, esta fue una de las escasas modificaciones que experimentó el citado precepto respecto de la redacción incluida en el Anteproyecto de Constitución produciéndose el cambio de denominación de “libertades” por la de “derechos”. Villaverde Menéndez (2009) pág. 472.

[2] El Profesor Muñoz Machado (2013) ha afirmado que se trata de una libertad indefectiblemente unida a otras como la libertad de conciencia. Asimismo, su declaración de libertad en los textos constitucionales tanto en América como en Europa, no fue más que el principio de un arduo trabajo realizado por los Tribunales con la finalidad de delimitar su ejercicio hasta lograr un consenso jurídico-técnico lo más abstraído posible de influencias políticas. pág. 239.

[3] Ruiz Rico, J.J. (1984: 356), y Buisán García, N. (2009), quien también ha destacado la intrascendencia del artículo invocando la escasa jurisprudencia constitucional al respecto.

[4] Artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño de 1989. Como afirma Trinidad Núñez, del citado precepto pueden extraerse varias conclusiones: la primera, se fija el fin de la infancia o niñez en los 18 años, aunque ésta no fue una cuestión pacífica, dado la pluralidad de factores que podían condicionar el fin de la misma, desde el entorno cultural, familiar, el desarrollo evolutivo, etc; la segunda, no se ocupa de fijar el momento de inicio de la niñez, cuestión controvertida para la doctrina; la tercera, hace referencia a la “Ley aplicable” remitiendo al Derecho interno de los Estados que podrán variar la edad establecida para la adquisición de la mayoría de edad; en último lugar, el concepto de juventud es absolutamente ignorado, o mejor aún, despreciado por la Convención de Derechos del Niño. Trinidad Núñez, P. (2002: 81).

[5] Ratificada por España el 6 de noviembre de 2007, aunque su entrada en vigor no se produjo hasta el 1 de marzo de 2008.

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1981, de 16 de marzo, F.J. núm. 2. BOE de 14 de abril de 1981.

[7] Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1986, de 16 de diciembre, F.J. núm. 6. BOE de 31 de diciembre de 1986.

[8] Siguiendo la distinción realizada por algunos autores respecto del contenido del Derecho de Información. Vid. Barroso Asenjo, P. (1984).

[9] Artículo 13 de la Convención sobre Derechos del Niño de 1989.

[10] Artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.

[11] Esta colisión no puede resolverse aplicando el método “balancing” utilizado por nuestra jurisprudencia, en el que se contrapesaban los derechos en conflicto, sino que, si se constata la transgresión de los límites legalmente establecidos, no cabrá ponderación alguna, tan sólo aplicar el derecho que ha resultado preferente ante el que debe ceder el Derecho de Información. Muñoz Machado, S. (1988: 150 y ss).

[12] “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Artículo 3.1 de la Convención sobre Derechos del Niño de 1989.

[13] Convención sobre los Derechos del Niño. Observación general núm. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1).

[14] Convención sobre los Derechos del Niño. Observación general núm. 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)

[15] Artículos 2.2.a y 2.2.d de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[16] En este sentido, la Sociedad de Información ha impuesto un nuevo reto a los poderes públicos cuya actuación ha de ir dirigida a encontrar el equilibrio entre la libertad de acceso y los abusos de posiciones dominantes en relación a la información que circula por la red. Muñoz Machado, S. (2013: 261 y ss.) y Buisán García, N. (2014: 22).

[17] SSTC 134/1999 de 15 de julio y 127/2003, de 30 de junio, BOE de 18 de agosto de 1999 y 20 de julio de 2003, respectivamente.

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* El presente estudio se enmarca en el Proyecto de I+D+i (ref. IB16097) titulado “La participación juvenil como herramienta de desarrollo social, económico, político y cultural en el espacio transfronterizo (España-Portugal)”, financiado por la Junta de Extremadura y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa.